Viedma.- En menos de un semestre cuatro jóvenes rionegrinos fueron muertos por personal policial: Diego Bonefoi, de 15 años; Nicolás Carrasco, de 16; Sergio Cárdenas de 28 y Guillermo Trafiñanco de 16 años, la mayoría de ellos matados a balazos por la espalda o la nuca. A esos gravísimos hechos ahora se sumó la denunciada detención ilegal y posterior tortura de un quinto joven: Carlos Thorp de 19 años.
Sin dudas, la violación de los derechos humanos empieza a convertirse en un método común, y –peor aún- en una costumbre del Estado Rionegrino (para el caso, su policía). Y el gobierno, nuestro gobierno, se hace encubridor y cómplice al ratificar expresamente en sus cargos a todos los responsables de estas muertes violentas, mientras que gran parte de su soporte político, representado por quienes dicen diferenciarse pero terminan acordando, calla o contempla la situación sin hacerse cargo de la responsabilidad que hechos de esta naturaleza les demanda.
Tal comportamiento contrasta abiertamente con la postura histórica de nuestro partido, de defensa de las libertades, de respeto por los derechos humanos, de lucha militante para asegurar su plena vigencia.
No hay antecedentes en la historia de nuestra provincia de semejante violación estatal a los derechos de los ciudadanos, donde la Policía que debiera ser la custodia de la vida y la seguridad de las personas, se ha convertido en su principal amenaza.
La cuestión es de una gravedad sin precedentes y las soluciones deben ser, en consecuencia, contundentes y ejemplificadora.
Es necesario que, no solo la justicia, sino sobre todo el poder político pongan todos sus recursos para el castigo de los culpables, y también son imperativas las inmediatas renuncias del Jefe de la Policía, el Secretario de Seguridad y del Ministro de Gobierno.
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