Esta Comisión estará integrada por el Gobernador o a quien éste designe en su lugar, un representante de cada Bloque de la Legislatura que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, un representante de cada uno de los Colegios de Abogados de la Provincia y un representante de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la Asociación de Magistrados de la Provincia.
La coordinación y asesoramiento de este cuerpo estará a cargo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en función de un acuerdo de cooperación.
El INECIP es una institución con acreditada solvencia técnica y experiencia en la implementación de reformas procesales penales en Argentina y en numerosos países de Latinoamérica.
Al crear esta Comisión, el Gobernador hace referencia a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se destacan las características del actual modelo del proceso penal y aspectos del Código Procesal Rionegrino.
Manifiesta que la reforma procesal penal constituye una asignatura pendiente en la Provincia por razones constitucionales, políticas y doctrinarias y que el nuevo bloque de constitucionalidad establecido a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, define un nuevo paradigma para el proceso penal, propio de un modelo acusatorio, con roles perfectamente diferenciados de manera de asegurar la imparcialidad de los jueces.
Indica además que desde 1995 buena parte de las provincias argentinas vienen implementando una reforma profunda de sus sistemas de enjuiciamiento penal y en otras existen proyectos con estado parlamentario o se está trabajando en esa dirección, como es el caso de Neuquén.
Considera además que la Corte Suprema de Justicia paulatinamente a través de varios fallos, tracciona progresivamente hacia el modelo acusatorio delineado por el bloque de constitucionalidad. “Es por ello por ello que instaurar un sistema de persecución y juzgamiento que satisfaga las exigencias constitucionales constituye un imperativo que no admite dilación”.
Destaca además el fuerte movimiento reformista en Latinoamérica y que la conexión e interacción entre operadores de estos países ha permitido capitalizar las distintas experiencias nacionales a través de una mejora en la oferta normativa y en la incorporación de aquellas innovaciones con mayor potencial. “Existen razones políticas tan potentes como las constitucionales. La Justicia Penal está deslegitimada sin credibilidad social con escasa capacidad de respuesta a las demandas de una sociedad que interpela en forma cotidiana el sistema judicial; el sistema procesal penal rionegrina tal como está, arroja impunidad a la vez que no otorga garantías mínimas a los justiciados”.
“Cambiar radicalmente los procesos de trabajo rompiendo con la cultura del expediente y del trámite insustancial, aumentar la participación de las víctimas, posibilitar una persecución penal eficaz y respetuosa de las garantías de los imputados, debe constituir un núcleo de la estrategia de transformación de la justicia”.
Finalmente destaca el Gobernador que “asumir el delito como conflicto, en cambio, da cabida a los protagonistas y permite que en muchos casos serán los que decidan la forma de resolver sus problemas”.
Finalmente el mandatario expresa que este Gobierno “ha impulsado un proyecto de reforma constitucional que tiene por fin sentar las bases de la institucionalidad de Río Negro de los próximos 30 años; mejorar la calidad de los poderes del Estado, adaptando el sistema jurídico y político de la reforma del año 1.994. Resulta necesario tal como viene sosteniendo este Gobierno, impulsar un sistema acusatorio, oral y contradictorio, asegurando la participación ciudadana a través del juicio por jurados”.
Fuente: ADN
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