La Justicia Federal solicitó, a través de un oficio dirigido al intendente, Jorge Ferreira, la derogación de una parte de la ordenanza 6411, que regula el esparcimiento nocturno en la ciudad.
El jefe comunal, a su vez, reenvió el oficio al Parlamento Local, para que los propios ediles dispongan la modificación en cuestión ya que se trata de una norma reformada recientemente, a partir de la iniciativa de la concejal Laura Ramos.
El oficio lleva la firma de la fiscal federal de Viedma, Inés Imperiale, y del fiscal Marcelo Colombo, a cargo de UFASE, Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, de la Nación, .
Según indican los funcionarios judiciales, el artículo 81 de la ordenanza 6411 debe ser modificado para que “guarde coherencia normativa” con leyes nacionales y tratados internacionales vinculados a la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.
Sucede que ese artículo establece como requisito para ejercer como alternadora de una wiskería o cabaret una libreta sanitaria con certificado de salud en el que conste el análisis de HIV y de enfermedades de transmisión sexual.
Al respecto, los fiscales cuestionan que la ordenanza no presupone el ejercicio de la prostitución “o al menos no como parte de la relación laboral” pero igualmente requiere a las alternadoras que posean "y actualicen una libreta que acredite que no padecen enfermedades de transmisión sexual”.
El caso llega al ámbito de la Justicia Federal a partir de la clausura del local ubicado en Balbín 714, lugar en el que los inspectores constataron la falta de libreta sanitaria, lo cual motivó la clausura, a principios del año pasado.
Ahora, el oficio -con dictamen favorable del asesor legal del Cuerpo, Ricardo Pridabailo- deberá ser analizado en comisiones para habilitar una nueva instancia de revisión de la ordenanza en cuestión.
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