Viedma.- La Defensora del Pueblo Ana Piccinini, sostiene en su nota que se trata del accionar de un sector de la Policía Provincial de San Carlos de Bariloche, tendenciosamente dirigida a perjudicar y entorpecer la labor del Juez de Instrucción Martín Lozada.
Agrega que a un día de cumplirse cuatro meses del asesinato de Diego Bonefoi, se procedió a allanar la vivienda de la familia de Nicolás Carrasco (otro de los jóvenes muertos por la represión policial). Solicitud que la Policía local habría efectuado al magistrado por una supuesta vinculación en una causa por robo. Procedimiento que tuvo resultado totalmente negativo, a pesar del espectacular despliegue de unos quince policías armados (que no ingresaron porque el juez Lozada no se los permitió).
Añade asimismo la Defensora Piccinini que “el pasado sábado 13 de noviembre la Policía Provincial habría hecho trascender de manera extraoficial que la detención del padre de Diego Bonefoi habría sido con motivo de una orden de captura del Juez Martín Lozada en el marco de una investigación por lesiones. Orden que el Juez no habría emitido, desmintiéndolo públicamente.”
Por otra parte, prosigue la Defensora en su nota “cabe recordar que el abogado del cabo Colombil – que mató a Diego Bonefoi – reconoció ensañamiento para con el juez Martín Lozada al tiempo del procesamiento del policía involucrado.”
“Dicho accionar, sostiene también, lleva implícito un mensaje que infunde temor a la sociedad, tanto por condicionar y entorpecer la independencia del magistrado que interviene en una de las causas de los muertos por la represión policial en Bariloche el pasado 16 y 17 de junio, a través de información falsa, como por el amedrentamiento y coacción que conlleva dicho accionar para con toda persona que quiera colaborar en la investigación judicial, en calidad de testigo, o a la hora de denunciar nuevos hechos.”
Afirma más adelante la Defensora Piccinini en su nota al Gobernador Saiz, que; “a partir de lo expuesto, le solicito se sirva intervenir en forma rápida y eficaz a fin de investigar e interiorizarse acerca del origen de las maniobras que se cuestiona, ordenando por donde corresponda, el cese inmediato de las mismas.”
Todo ello, culmina la Defensora, “ha de colaborar con el sostenimiento del Estado de Derecho y con el juego armónico de las Instituciones Democráticas, reivindicando el rol que la ciudadanía a través del poder político debe asumir en materia de Seguridad Pública".
Fuente: Defensoría del Pueblo
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