Viedma.- Ana Piccinini, Defensora del Pueblo de Río Negro dijo que desde la Justicia le niegan legitimidad para actuar en los casos sobre presunta corrupción por parte de algunos funcionarios
Manifestó que se trata de obstáculos para llegar a conocer la verdad y admitió que “es imposible” acceder a la documentación de la causa Sartor, calificando de “operativo cerrojo” a una estrategia que aseguró parte desde el Poder Judicial.
En conferencia de prensa dijo estar sorprendida porque en los procesos judiciales en los cuales está actuando por presuntas irregularidades administrativas por parte de algunos funcionarios rionegrinos se le nieguen legitimidad y señaló que de ese modo “se llegan a conclusiones erróneas y diametralmente opuestas a los textos vigentes”.
“No cabe duda que constitucionalmente y legalmente me encuentro legitimada a actuar, sin importar el tipo de proceso y en la medida que se afecten derechos colectivos o difusos, con más razón si surgen de hechos y/o actos de la administración”, señaló Piccinini.
Señaló que “pretender torcer, como intentan los fallos a que haré referencia y que considero emblemáticos – la clara manda constitucional y legal, es palmariamente arbitrario, buscando limitar el ámbito de acción de la Defensoría del Pueblo de manera tendenciosa, a todas luces contraria a derecho”.
Piccinini ratificó que “la salvaguarda del Estado de Derecho Democrático y las instituciones republicanas, se ve afectada por la conducta irregular, negligente, descuidada, disfuncional o corrupta del funcionario, dañando no sólo a la función en sí, sino a la sociedad en su conjunto. Los órganos de control somos los encargados de garantizar el normal funcionamiento, ordenado y legal, de la administración pública”.
Destacó que “los hechos denunciados como irregulares y que son objeto de investigación ante los Tribunales de esta ciudad capital en distintas causas, tienen impacto en toda la sociedad rionegrina, por las consecuencias económicas, sociales, y políticas”
“Los constantes obstáculos que se interponen en mi camino para impedir arribar a la verdad material de los hechos investigados primigeniamente en la institución a mi cargo. Entre otras gravísimas situaciones, se nos impidió, y aún subsiste la imposibilidad, de acceder a la documental que fundamenta el archivo de nuestra denuncia contra el legislador Sartor por presunto crecimiento desproporcionado de su patrimonio, por parte del fiscal Pablo Berráz. Podrán comprender las dificultades para ejercer el rol que constitucionalmente se me impone si para lograr ver un expediente archivado debo llegar en casación al máximo órgano de la Justicia provincial y luego de casi un año litigando, me encuentro aún a la espera del resultado”.
“Lo expuesto es una simple muestra de lo que sucede con cada una de las actuaciones intentadas por esta defensora del Pueblo. Por caso, me surge rememorar el pedido de constituirme como particular querellante en la conocida causa Flavor´s que, al igual que la citada, llevé ante el Superior Tribunal vía recurso de casación (expediente 24.484 de la Sec. 2), la cual fue rechazada argumentando falta de legitimación”.
Concluyó que “así, una a una, las causas se van rechazando, en distintas instancias en su totalidad desconociendo la legitimación de esta defensora, utilizando inconstitucionales argumentos, dichos infundados, argumentos que forman parte de una estrategia para impedir que realice mi tarea de control, estrategia a la que di en llamar operativo cerrojo”.
Señaló que “esta estrategia, tengo la convicción, es pergeñada desde el gobierno del Poder Judicial, actuando por acción, por omisión o demora. Quienes tienen las responsabilidades políticas en la conducción de la Jurisdicción con amplias facultades disciplinarias y la presidencia del Consejo de la Magistratura”.
Después, detalló las denominadas “causas judiciales emblemáticas”, entre ellas la que vincula al legislador Sartor: “El tiempo pasa, ya se cumplió un año y medio de la denuncia y la sociedad rionegrina todavía no sabe sobre el origen de los fondos con los que el legislador Sartor adquirió los bienes que detenta. Es notable el tiempo que se tomó el fiscal Berráz para remitir al juez de la causa las pruebas documentales presentadas por Sartor en el expediente administrativo”.
Fuente: ADN
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