Viedma.- La legisladora Beatriz Contreras, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura ha presentado un pedido de informe al Ministerio de Gobierno relacionado con la Ley 3608 que regula las actividades de las Empresas de Seguridad que cumplen servicios en la Provincia de Río Negro.
En su informe la legisladora, plantea la necesidad de conocer puntualmente si las empresas se encuentran en el marco de la norma y si el Estado Provincial ejerce el verdadero poder de policía que por constitución y leyes se le han asignado.
Entre sus requerimientos, las legisladora, plantea, que se conozca la cantidad de empresas que prestan servicio en la Provincia, si se da cumplimiento al Banco de datos que la ley exige, quienes forman parte de las empresas y si las personas tanto socios como empleados reúnen las exigencias de la Ley en cuanto a no poseer antecedentes que lo involucren con temas relacionados a los derechos humanos, violencia familiar o antecedentes penales.
Asimismo, y teniendo en cuenta que la norma prevé el uso de armas, la legisladora solicita puntualmente quienes están autorizados a portar armas como así también quienes proveen.
Señala “todos debemos estar atento a quienes de una o otra forma, forman parte de nuestra seguridad, este pedido de informe está intentado contribuir a que en estas empresas de seguridad no se oculten personas del presente con antecedentes graves o del pasado que tanto daño han causado a la sociedad.”
“La ley establece la obligación de estas empresas de auxiliar a las fuerzas policiales...cuando así se disponga, incluye esta obligación la provisión de balas como es de dominio público por los acontecimientos de Bariloche; y si no tienen facultad para portar armas, para que tienen disponibilidad de municiones?”
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