Viedma.- En los próximos días la legisladora Magdalena Odarda (CC-ARI) presentará en la Legislatura rionegrina un proyecto de ley a través del cual propone crear un sistema de vigilancia con el fin de evitar los abusos cometidos por los custodios y personal penitenciario, sobre los reclusos.
La propuesta, según expresa la diputada: “crea un Sistema Provincial de Video-audio de Vigilancia de Custodios en los centros de detención provinciales, comisarías en las que hayan calabozos y centros penitenciarios, siendo el objetivo primordial registrar diariamente, a través de cámaras de video y audio instaladas en distintas dependencias como patios, pabellones y el ingreso a celdas y calabozos.
El objetivo es controlar la actividad de los funcionarios y custodios de las instituciones penitenciarias y comisarías, de forma tal de prevenir malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los custodios deberán usar en sus uniformes una identificación visible a las cámaras, numérica, la cual será registrada fehacientemente por la institución. Tal como se determina en uno de los artículos.
“El proyecto se fundamenta en la necesidad de evitar las situaciones de violencia que sufren las personas privadas de su libertad, ya que en muchas ocasiones dentro de los centros de reclutamiento temporal como cárceles o comisarías, ocurren muertes o golpizas junto con otras violaciones a la integridad física y moral, que generalmente no lograr esclarecerse”, indicó Odarda.
La parlamentaria hizo una mención detallada en su propuesta de la abundante legislación en la materia, sobre todo de índole internacional, la que actualmente no se aplica en forma eficaz en el país, según los informes de Amnistía Internacional.
Detalló que “el proyecto incluye un artículo en el que se declara que ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será torturada o tratada con penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La expresión “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” debe interpretarse de manera que abarque la más amplia protección posible contra todo tipo de abusos, ya sean físicos o mentales, incluido el de mantener al preso o detenido en condiciones que lo priven, temporal o mentalmente, de los o de uno de sus sentidos, como la vista o la audición, o de su conciencia del lugar o del transcurso del tiempo.”
Tal definición forma parte del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o Prisión, ONU (1988), que deben ser acogidas por nuestro país en el marco de los compromisos asumidos. En igual sentido, otras convenciones insisten en el trato humanitario hacia los privados de libertad: Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969), Convención Interamericana contra la Tortura (1985), REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Odarda se reunió con integrantes del APDH de San Carlos de Bariloche, quienes manifestaron la necesidad de contar con este sistema de vigilancia en las cárceles y comisarías para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas en situación de encierro.
“En un todo de acuerdo con lo manifestado por el juez Martín Lozada, el sistema de vigilancia parece ser una de las soluciones más plausibles para evitar las violaciones a los derechos humanos que ocurren puertas adentro de las cárceles y calabozos de las comisarías.”, subrayó Odarda en relación al proyecto de ley presentado.
Fuente: Prensa Bloque ARI
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